El Consejo de Estado es un órgano consultivo del Gobierno en los asuntos políticos y administrativos, cuya función principal es dictaminar sobre las consultas que formula el Gobierno, velando por la observancia de la Constitución, la del resto de ordenamiento jurídico y por el correcto funcionamiento de la Administración Pública y de los Servicios Públicos, como expresión de los derechos de la ciudadanía.
En la reciente presentación de la Memoria 2022, realizada por la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, se dedica un capítulo a la falta de actualización del seguro deportivo, un tema que ha alcanzado recientemente gran relevancia a raíz del grave accidente sufrido por Carlos Tatay. La Memoria recrimina a la Administración no haber actualizado las cuantías indemnizatorias del seguro obligatorio deportivo desde 1993, cuando fue aprobado el Real Recreto que lo regula.
Dada la nula respuesta de los diferentes gobiernos al respecto, el Consejo de Estado, que ya había hecho varias indicaciones al respecto, ha incluido la cuestión en su Memoria 2022, gracias a la iniciativa llevada a cabo por Lucas de Ulacia y su familia través de la Fundación Lucas18, tras el grave accidente sufrido por el piloto madrileño en abril de 2019 en Jerez, que le produjo una lesión medular con resultado de tetraplejia. Ahora, cuatro años después, la situación se ha repetido con el caso de Carlos Tatay.
De Ulacia presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado por daños y perjuicios como consecuencia de la inactividad de la Administración, al no actualizar las cuantías indemnizatorias del seguro obligatorio deportivo. La cobertura de dicho seguro contempla una indemnización federativa “por pérdidas anatómicas o funcionales motivadas por accidente deportivo, con un mínimo, para los grandes inválidos (tetraplejia), de 2.000.000 de pesetas”, equivalente a 12.000 euros actuales, cantidad lógicamente insuficiente para lesiones de este tipo, que requieren de unos cuidados y una atención verdaderamente costosos. La póliza suscrita por la federación otorgaba una indemnización algo mayor, de 18.500 euros, pero igualmente insuficiente.
El Consejo de Estado abordó en 2022 dicha reclamación, publicando un dictamen acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado, recordando que el propio Real Decreto obliga a la actualización de las cuantías indemnizatorias a los tres años de su entrada en vigor, cosa que no ha sucedido en estos treinta años desde su promulgación. La reclamación de De Ulacia incidía en la discriminación existente por esta ausencia de actualización, que la Administración sí ha llevado a cabo en otros baremos indemnizatorios, como los de tráfico, que se benefician de una actualización anual.
De esta forma, el Consejo de Estado advierte de la necesidad de realizar los oportunos ajustes conforme a la ley, así como la posición de las federaciones deportivas en su calidad de tomadores del seguro, con las responsabilidades y obligaciones que ello conlleva.
