Sin que pueda atribuírsele de manera directa una reducción sustancial del número de víctimas (ya que, por un lado, se ha continuado la tendencia de años anteriores y, por otro, se ha modificado, sin explicarlo, el criterio de contabilización de víctimas), sí puede afirmarse que las consecuencias de su aplicación han sido generar desigualdad e indefensión, cuando no miedo entre los conductores. Además su supuesto valor reeducador ha quedado totalmente en entredicho a favor de unos criterios cada más evidentemente recaudadores.
En estos dos años no se ha conocido ninguna iniciativa para corregir los puntos negros donde centenares de personas se dejan la vida todos los meses; pero sí hemos visto iniciativas legislativas para convertir a los conductores en criminales. No se ha mejorado la formación de los conductores ni se ha introducido en los planes escolares una asignatura de educación vial; pero se ha sembrado de radares nuestras carreteras. ¿Formar o recaudar, qué prefiere la DGT? El balance es, en opinión de Dvuelta, entidad dedicada a la defensa de los conductores, francamente negativo.
Desigualdad ante la ley
La primera consecuencia de la chapucera manera en que se ha implantado el sistema de carné por puntos es que la ley no es igual para todos (lo que constituye una evidente violación de un derecho fundamental), es, simplemente, cuestión de suerte. Porque dependiendo del lugar, población, o ciudad donde se produzca la infracción, ésta acarreará o no pérdida de puntos, gracias a la descoordinación entre administraciones locales y Administración General del Estado. Esto se debe a que centenares de poblaciones españoles aún no se han adherido al sistema de retirada de puntos.
Del mismo modo, los extranjeros que circulan por las carreteras, sujetos a la normativa que gobierna al resto de los conductores, se ven exentos de pérdida de puntos; incluso los ciudadanos de la UE.
Colapso en los Tribunal de los Contencioso Administrativo
El colapso de la justicia beneficia a la DGT y los Ayuntamientos, porque así se obstaculiza enormemente el derecho a la defensa de los administrados. Tras dos años (un plazo excesivamente dilatado que convierte al sistema judicial en una maquinaria incapaz de hacer justicia), los jueces empiezan a ordenar que se devuelvan los puntos indebidamente retraídos. Sólo los conductores que han acudido a un proceso judicial, y han denunciado a la Administración ante los jueces, pueden recuperar los puntos que se le han restado como consecuencia de sanciones declaradas nulas por los Tribunales de Justicia. Estos procedimientos judiciales tardan una media de dos años en finalizar mediante sentencia. El colapso de la jurisdicción contencioso administrativa enmascara la negligencia de la Administración en la tramitación de los expedientes sancionadores.
Mercado negro
Los puntos han creado un lucrativo mercado negro. La venta de puntos existe, y ni la ley de tráfico ni el código penal prevén consecuencias de ninguna clase para este tipo de prácticas fraudulentas. Se habla de vacío legal y de “tomar medidas”, pero, al día de hoy, es perfectamente posible vender y comprar puntos sin estar fuera de la ley.
Con todos, las estadísticas elaboradas por la Dirección General de Tráfico nos dicen que gracias al carné por puntos España está a la cabeza en reducción de siniestralidad por accidentes de tráfico. Sin embargo, jurídicamente, existen graves deficiencias en la aplicación de la Ley por las distintas Administraciones.
Cambios en los criterios de contabilización de víctimas
Con todo, lo más oscuro, por menos explicado y por sus terribles consecuencias, es el cambio de criterio en contabilización de las víctimas. Se empezó modificando para que los fallecidos 24 horas después del accidente no figurasen. Además, las víctimas producidas en accidentes en núcleos urbanos quedaban fuera de las estadísticas oficiales. Así, de entrada, se logró una sustancial reducción que, por supuesto, se achacó al carné por puntos y demás medidas de naturaleza coercitiva puestas en marcha por el Gobierno con la complaciente aquiescencia de los grupos de la Oposición.
Puede evaluarse que este cambio de criterio ha supuesto un descenso en el número de víctimas de un 25%, según los expertos forenses del Instituto de Medicina Legal de Alicante; es decir, que si no se hubiera modificado el carné por puntos habría sido un absoluto y rotundo fracaso; y eso sin tener en cuenta la situación de miles de familiares de víctimas de accidentes que han visto cómo sus hijos, padres o hermanos han sido literalmente expulsados de las estadísticas.
Según los datos de los forenses alicantinos, recogidos en su memoria anual, se realizaron un total de 141 autopsias a fallecidos en accidentes, mientras que la Guardia Civil, que surte la estadística de la DGT tenía contabilizados 102 muertos (dato al que hay que añadir otros diez fallecidos más por siniestros en cascos urbanos). El motivo del desfase es el hecho de que Tráfico sólo contabiliza a las víctimas que fallecen durante las 24 horas posteriores al accidente. Los datos aportados por los forenses contabilizan a los muertos con independencia de cuándo se produjo el fallecimiento. ¿Es que alguien que fallece por accidente al día siguiente de haberse producido el siniestro no es una víctima de la carretera? ¿Contabilidad creativa o macabra manipulación?
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